'Desmemoria Histórica'

Sánchez investigará la pandemia de poliovirus de los años 50 en su plan de ‘desmemoria histórica’

mascarilla interiores
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El Gobierno de España aprovechará la llamada ley de «memoria democrática» para investigar una pandemia vivida en la década de los años 50 del siglo pasado. A pesar de que el país aún sufre actualmente las consecuencias del Covid-19, el Ejecutivo se afana en sentar las bases para investigar una crisis sanitaria de hace 70 años.

Así consta en la disposición adicional undécima del proyecto de ley de Memoria Democrática. El actual Ejecutivo nacional de PSOE y Podemos promoverá «el reconocimiento del sufrimiento de las personas afectas por dicha pandemia del poliovirus y promoverá estudios e investigaciones para esclarece la verdad de lo sucedido a este respecto durante la dictadura franquista».

Es decir, mientras la actual pandemia del coronavirus está teniendo unos resultados dramáticos en la España del presente por la gestión de Pedro Sánchez y su Gobierno, con cerca de 150.000 muertos, ahora el Gobierno va a poner todos sus esfuerzos en rescatar la verdad de lo sucedido con la pandemia del Poliovirus durante el régimen franquista en los años 50.

«Esto es lo que se le llama gestionar no el presente, sino el pasado, con un afán meramente revanchista y de odio, abandonar completamente el presente a los males que sufrimos y renunciar a un futuro de concordia entre los españoles», comentan fuentes consultadas por OKDIARIO que han consultado el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de este pasado 30 de agosto. «Lo que deseamos los españoles que vivimos es conocer la verdad de la desastrosa gestión realizada por Pedro Sánchez y su Gobierno de la pandemia del Covid-19 que asola nuestra nación desde hace casi dos años en lugar de analizar el poliovirus», agregan.

Extracto del proyecto de ley. (Clic para ampliar)

Exhumaciones

Este proyecto de ley, si se aprueba finalmente como presumiblemente va a pasar, tiene otras derivadas más allá de la investigación del poliovirus. El texto propuesto por el Gobierno ha iniciado así el trámite final hasta su aprobación definitiva. La Mesa del Congreso de los Diputados ha encomendado a la Comisión Constitucional la apertura del plazo para que los grupos políticos presenten sus enmiendas, para lo que tiene 15 días. De acuerdo a los trámites habituales, un proyecto de ley tarda aproximadamente cinco meses en tener la luz verde del Congreso.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de julio remitir el proyecto de ley a las Cortes Generales. Desde Moncloa celebraron que «esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de Estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea».

La ley contiene medidas polémicas, como la «resignificación» del Valle de los Caídos, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o el delito de apología del franquismo.

La intención del Ejecutivo es que el cadáver del líder falangista José Antonio Primo de Rivera deje de estar en un «lugar preponderante» del mausoleo del Valle de los Caídos. Además, se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas que les fue concedido por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil», según anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Exaltación del franquismo

La nueva norma establece un régimen sancionador que hasta ahora no estaba vigente, con multas de hasta 150.000 euros por lo que consideren infracciones muy graves. Entre ellas, se incluyen los actos de exaltación del franquismo cuando se estime que supongan un menosprecio a las víctimas. El Ejecutivo añadió ese último matiz después de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideró que «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que están amparadas por la libertad de expresión». También serán consideradas como tales la destrucción de las fosas comunes o de lugares de memoria y homenaje.

Además, el Gobierno plantea crear un banco público de ADN y una fiscalía específica en el Tribunal Supremo. En materia educativa contempla, defiende «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas».

Por su parte Podemos reclama además, por ejemplo, que el periodo de aplicación se extienda más allá de la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, hasta 1983. Denuncian que hasta entonces existió «violencia institucional» por parte del Estado.

 

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